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Luego de que la candidata presidencial Luisa González denunciara públicamente un supuesto cambio abrupto en su equipo de seguridad, el Gobierno nacional salió al paso para aclarar que su esquema de protección no ha sufrido alteraciones. En un comunicado oficial, se enfatizó que “la seguridad asignada sigue siendo la misma”, ratificando así el compromiso con su integridad física durante la recta final de la campaña electoral, según reseña diario El Universo.
El Ministerio de Defensa detalló que actualmente se mantienen activos 58 militares armados y capacitados, además de doce vehículos destinados exclusivamente a la custodia de la candidata de la alianza Revolución Ciudadana (RC) y Renovación Total (RETO), listas 5-33. La institución reiteró que este contingente permanece sin cambios, como parte de un operativo de seguridad previamente establecido.
Esta aclaración llega tras la difusión de un video en redes sociales por parte de González, donde denunció que miembros de su seguridad habrían sido retirados sin previo aviso. En la grabación, la aspirante presidencial señaló que estos cambios ocurren a pesar de haber sido objeto de amenazas contra su vida, las cuales afirmó están bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, indica el medio de comunicación ecuatoriano.
“Exijo que el equipo de seguridad que me asignaron se mantenga hasta que se proclamen los resultados de las elecciones”, manifestó González en el video, al tiempo que calificó como “irresponsable y temeraria” la supuesta decisión tomada por autoridades como el ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo, el jefe del Comando Conjunto Jaime Vela y el propio presidente Daniel Noboa. La candidata señaló que los responsabiliza por cualquier atentado que pueda ocurrir en su contra o hacia su familia.
Frente a estas declaraciones, el Ministerio de Defensa reafirmó que tanto los oficiales de inteligencia como el personal de fuerzas especiales asignados a la protección de la candidata están debidamente capacitados y actúan conforme a los protocolos de seguridad establecidos, con el objetivo de garantizar su bienestar durante el proceso electoral.
